La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones desde un enfoque aparentemente simplista que no cabe convertir a los Tribunales españoles en custodios de la legalidad de las actuaciones efectuadas en otro país de la Unión Europea, ni someter dichas pruebas al contraste con la legislación española, con lo siguientes argumentos que trascribimos a continuación:
