domingo, 28 de abril de 2019

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Juezas y Jueces para la Democracia

Bienvenidas/os al Blog de la Comisión Penal de Juezas y Jueces para la Democracia, un espacio para compartir novedades legislativas, análisis, informes y estudios de actualidad penal, así como una selección de la más interesante y novedosa jurisprudencia de ámbito nacional y europeo.

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lunes, 24 de septiembre de 2018

Auto TC 79/18 de 17 de julio de 2018. Ponencia Salvador Camarena Grau

La responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la Administración de Justicia puede tener su apoyo en: 


1) error judicial que requiere la necesidad de una previa declaración judicial que lo reconozca, 

2) funcionamiento anormal (art. 292 y 293 LOPJ), y 

3) indemnización a quien haya estado en prisión provisional cuando se dicte sentencia absolutoria o sobreseimiento firme (art. 294 LOPJ). 


En cuanto al tercer supuesto, según el tenor literal del 294, solamente dará derecho a indemnización cuando la sentencia absolutoria o el sobreseimiento sean por inexistencia del hecho imputado. Lo que excluye la posibilidad de la indemnización en los casos (estadísticamente mucho más numerosos) en los que la sentencia es absolutoria por falta de prueba sobre la participación del acusado en los hechos probados. Y lo que se somete a control de constitucionalidad es precisamente los incisos del artículo referido “por inexistencia del hecho imputado” y “por esta misma causa” (como motivo del sobreseimiento), por afectar a la presunción de inocencia (24 CE y 6 CEDH), a la igualdad (14 CE) y al derecho a la libertad (17 CE). 


De esta forma, dicho precepto excluye del derecho a la indemnización a quien haya sufrido prisión provisional y posteriormente haya sido absuelto por otros motivos distintos a la inexistencia objetiva del hecho, ofreciendo un trato diferenciado en función de los motivos que puede afectar el derecho a la igualdad. Por otra parte, puede vulnerar la doctrina del TEDH que establece la obligación de indemnizar a las personas que habiendo estado privadas de libertad sean declaradas inocentes con posterioridad. El hecho de distinguir entre estos motivos de absolución (inexistencia objetiva de la subjetiva) y el hecho de no conceder derecho indemnizatorio en los casos de falta de prueba de la participación del acusado implica en realidad una sospecha pese a la sentencia absolutoria, vulnerando la presunción de inocencia como regla de tratamiento. ería como distinguir entre inocentes de primera y de segunda. Y finalmente se puede vulnerar el art. 17 CE. 



El tema es relevante porque la responsabilidad patrimonial del Estado por prisión provisional que recoge el art. 294 dejaría fuera los casos de error judicial, partiendo de prisiones provisionales legítimas cuando se adoptaron, por lo que lo que se está cuestionando es limitar los supuestos indemnizables en función del motivo de la absolución. 


Es posible, y deseable, que se declare la inconstitucionalidad de dichos incisos ya que el propio TC ya recuerda que tiene dicho que la inexistencia objetiva y la subjetiva del hecho imputado son iguales esencialmente y que ya en su momento cuestionó la constitucionalidad de este artículo por afectar al derecho a la igualdad vedando la interpretación restrictiva del 294 en el sentido de excluir la indemnización e los casos de inexistencia subjetiva. 

El Abogado del Estado advierte que en caso de prosperar se debería indemnizar siempre las prisiones provisionales en casos de absolución o archivo posterior y que la responsabilidad por la prisión no es objetiva. 

Por eso cuestiones como la ahora planteada por el TC creo que sirven para que volvamos a revisar qué es la prisión provisional y cuáles son los presupuestos que la legitiman para evitar el uso abusivo que sigue haciéndose de la misma. 

Por cierto, esta cuestión ya fue tratada premonitoriamente por nuestro compañero Salvador Camarena a propósito de la Directiva de Presunción de Inocencia en un curso del Consejo dirigido por nuestro compañero Javier Hernández.

La pena de “prisión permanente revisable tras la reforma del Código Penal del 2015. Carlos Mir Puig

Artículo doctrinal de análisis de la pena de “prisión permanente revisable tras la reforma del Código Penal del 2015”, escrito por nuestro compañero de Asociación CARLOS MIR PUIG, también profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y en el que concluye que no es aceptable una PPR que esconda en realidad una cadena perpetua, bajo la creencia errónea de un populismo punitivo de que la misma es eficaz para evitar los delitos más graves.


STS 282/18 de 13 de junio de 2018

No obstante la existencia de prueba de cargo proveniente de varios y diversos medios probatorios, la sentencia analiza el valor probatorio que tiene la declaración de la víctima y su aptitud para por sí misma enervar la presunción de inocencia.

Introduce una nueva categoría de prueba: la víctima de actos de violencia de género. Considera que en su categorización probatoria tienen un grado mayor que el testigo ajeno y externo al hecho y que considerarla como mero testigo desnaturalizaría su posición en el proceso penal. Reconoce la sentencia que hubo una oportunidad con el Estatuto de la Víctima de modificar esta posición procesal de la víctima en la Lecrim situándola por encima de la posición procesal del testigo y creando por tanto un nuevo medio probatorio, pero no se hizo. Considera el TS que no obstante, es un testigo privilegiado (como ya dijo el mismo ponente en la STS 247/2018). Matiza que no goza de presunción de veracidad siempre y en cualquier caso pero sí hay que tener en cuenta que tiene una posición cualificada ya que no solo ha visto el hecho sino que lo ha sufrido al ser la víctima del delito.


STS 247/2018 de 24 de mayo de 2018

Ponente Magro SERVET: Aprecia alevosía la aprecia por tanto de todas estas circunstancias: a) carácter sorpresivo de la acción ya que no hubo ningún enfrentamiento e incluso la mujer intentó que él se suicidara, no pudiendo esperar esa reacción, b) violencia y rapidez del ataque que impidió a la mujer defenderse de ningún modo, c) lugar de comisión, el propio domicilio familiar que ayuda a asegurar al ejecución como ya ha declarado el Tribunal Supremo en anteriores ocasiones ante la confianza de la mujer que se encuentra en su hogar, y d) obviamente medios empleados y zona del cuerpo agredida. 


Esas circunstancias podrían estimarse ajenas al género de las partes ya que permiten apreciar la alevosía con independencia de quienes sean las partes. Es decir, podría aplicarse aunque la agresión fuera entre dos hermanos. Lo relevante es el carácter sorpresivo e inesperado del ataque que aumenta cuando éste se produce en el hogar familiar, y la violencia del ataque (ya sea por la forma, medios…) que eliminen cualquier posibilidad de defensa. Se calificaría así si el agresor es el hijo y el agredido su padre, o dos hermanos, o dos amigos que viven juntos en el domicilio …. Es cierto que es más difícil esta forma concreta de ataque cuando la agresora es la mujer a no ser que tenga una superioridad física respecto del marido o de su padre que le permita golpearle y arrastrarle. Lo que quiero decir es que no veo la perspectiva de género, sino que la forma de comisión del hecho es alevosa en sí. 

El ponente de la sentencia alude, tras examinar todas estas circunstancias a que …Esta anulación de la defensa de la víctima hace aparecer esta circunstancia considerándola, en este caso concreto, con una perspectiva de género, ante la forma de ocurrir los hechos del hombre sobre su mujer y delante de sus hijos, y con un mayor aseguramiento de la acción agresiva sobre la víctima mujer por su propia pareja y en su hogar, siempre que del relato de hechos probados se evidencie esta imposibilidad de defensa de la misma en la acción de su pareja. 

La sentencia afirma que la declaración de la víctima puede fundamentar la condena sin ninguna corroboración, especialmente en delitos de violencia de género, doméstica o incluso sexuales, ya que no se trata de que la declaración incriminatoria provenga de un mero testigo, sino que viene de la víctima, que aunque tenga procesalmente la condición de testigo se trata de un testigo cualificado, porque es el sujeto pasivo del delito. Son víctimas que han sufrido también el delito y eso lo debe valorar el Tribunal a través de la inmediación. Es decir, su credibilidad se deriva de lo siguiente: a.- Escuchar la declaración de la víctima y no solo escucharla, sino valorar sus expresiones. b.- La forma en la que contesta a las preguntas, c.- Las reacciones de la víctima a las preguntas de los abogados y el Ministerio Público. d.- La inexistencia de contradicciones ante determinadas preguntas que ya fueron hechas en sus anteriores declaraciones. e.- La expresión gestual de la víctima al declarar ante el Tribunal. . Pero esta línea se opone frontalmente a otra existente en el Tribunal Supremo y que exige elementos de corroboración para no rebajar el estándar probatorio en los supuestos en los que únicamente nos encontramos ante versiones contradictorias.


La prueba en los delitos contra la indemnidad sexual. José Luis Ramirez Ortiz

La prueba en los delitos contra la indemnidad sexual

José Luis Ramírez Ortiz
Magistrado. Audiencia Provincial Barcelona


En el presente trabajo se analizan críticamente algunas de las particularidades probatorias en la investigación y enjuiciamiento de los delitos contra la indemnidad sexual desde distintas perspectivas (objeto, medios de prueba y razonamiento probatorio), poniendo al descubierto los excesos punitivos y algunas de las falacias típicas en las que se incurre en la valoración y en la argumentación probatoria. Se presta especial atención a los problemas que suscita la valoración de la prueba preconstituida y a la denominada prueba pericial de fiabilidad de los testimonios, destacando su carácter secundario de herramienta auxiliar y su acientificidad en sentido estricto.

STS 213/18 de 7 de mayo de 2018

En el juicio muchos acusados habían pactado la pena con Fiscalía y admitieron los hechos (“conformidad”), otros resultaron absueltos y otros condenados. El Tribunal Supremo anula ahora el juicio al considerar que se había vulnerado de manera efectiva el derecho de defensa de la acusada principal. Al parecer, la acusada no quiso pactar con Fiscalía (varios acusados lo hicieron) y su abogado renunció a la defensa el primer día de julio. La Audiencia no aceptó la renuncia ni la suspensión del juicio anunciando el letrado que permanecería en estrados pero que no iba a defender a la acusada ni iba a hacer nada, no iba a tener participación alguna en el juicio. La acusada en estas condiciones manifestó que hasta que no tuviera un letrado que le defendiera efectivamente no quería declarar, pero la Audiencia le instó a declarar y ella se acogió entonces a su derecho a guardar silencio por sentirse indefensa. Días después, la Audiencia reconsidera su decisión y acepta la renuncia y la designación de oficio a la acusada de una nueva letrada pero sin suspender sesiones y sin que se entrevistaran. La designa recayó en la letrada que defendía a otro coacusado. Mientras tanto ya se había practicado prueba (había declarado otro coacusado) sin que la acusada tuviera una defensa efectiva) y la Audiencia denegó la petición de la acusada de declarar ahora con la nueva letrada.


SAP Navarra 38/2018 de 20 de marzo de 2018 (asunto La Manada)

Auto TS 2 de marzo de 2018

Auto dictado por el TS, ponente Luciano Varela, inadmitiendo la querella que se interpuso contra la jueza de la AN, Carmen Lamela, por prevaricación por estas dos resoluciones: 


  • por declararse competente para conocer una causa por delito de rebelión que no es competencia de la AN porque no es un delito contra la forma de Gobierno. 
  • Por acordar la prisión provisional de los ocho Consellers sabiendo que el TS ya había admitido la querella por los mismos hechos, debiéndose haber inhibido, y sin darles tiempo a estudiar la querella. 

El TS considera que las opiniones, concretamente de JpD en su comunicado y de los profesores universitarios en su manifiesto, carecen de autoridad. 

Concluye que no hay prevaricación en ninguna de las resoluciones. En cuanto a la prisión, porque hubo petición del fiscal, se celebró la comparecencia del art. 505 Lecrim, que debe celebrarse en el plazo más breve posible una vez a disposición del juez los investigados, con acceso de las defensas a las actuaciones. Las defensas pueden formular alegaciones y proponer prueba y no se causa indefensión ya que se en cuanto a su declaración en relación con la imputación de la querella cabe el derecho a negarse a declarar. Ninguna de las dos son arbitrarias ya que incluso la FGE consideraba que era competencia de la AN.



STS 184/18 de 12 de marzo de 2018

SENTENCIA de Pleno de unificación de doctrina, sobre aspectos relacionados con el delito contra la seguridad vial. 


El Juzgado de lo Penal absuelve por el delito de conducir a velocidad superior a la permitida del artículo 379.1 CP, revocando la AP la sentencia y condenando al acusado al declarar acreditado que el acusado conducía en una autopista a una velocidad superior a 80 km/h por encima de la máxima reglamentaria, de 120 km/h. Y el tema principal es el margen de error de los radares de detección de la velocidad que se sitúa en un 5% si es fijo y 7% si es móvil. El Juzgado de lo penal consideró que el radar era móvil y aplicó un margen de error distinto al aplicado por la AP que consideraba que el radar era fijo. La velocidad detectada era 214 km. Y lo que hace el TS es distinguir entre los instrumentos de medición fijos y móviles y que lo relevante es que aunque sea móvil desarrolle su función en situación de parados, siendo considerado entonces fijo. Por lo que considera que si el aparato de medición, cinemómetro es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%.

Accede a la sentencia

Auto TSJ Cataluña 19 de marzo de 2018

Auto del TSJ Catalunya interesante y relevante, ya que resuelve un tema polémico al menos en la AB Barcelona, zanjando la cuestión al considerar que la acción civil derivada del delito no prescribe, argumentando entre otros, que no existe un precepto similar en la legislación penal ―ni en la civil―que disponga la prescripcion de la responsabilidad civil ex delicto, ya que su declaración, según hemos dicho ya, no tiene contenido penal sancionador y su naturaleza es absolutamente diferente e independiente de la propia de la responsabilidad penal.