Artículo de PILAR EIRENE DE PRADA. Abogada y politóloga.
El pasado 12 de noviembre fue aprobada la Ley Orgánica 7/2014 con la que el legislador pretende incorporar al Derecho español la Decisión Marco del Consejo de Europa (2008/8F6/JAI) que, con la intención de fortalecer las bases del espacio común europeo, establecía unos mínimos sobre el reconocimiento de las sentencias dictadas en un Estado miembro en el resto de países del espacio comunitario. Meses antes, en marzo, ante la ausencia de transposición de la Decisión Marco, el Tribunal Supremo realizó una interpretación de esta última en su sentencia 186/2014, considerando que establecía una obligación mínima para los Estados miembros y permitía, por lo tanto, la acumulación de sentencias de otros Estados, modificando de esta manera los límites de cumplimiento de la pena o revisando condenas ya impuestas.
