Mostrando entradas con la etiqueta Estafa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Estafa. Mostrar todas las entradas

martes, 15 de octubre de 2019

STS. 1065/2018, Sala Segunda de 2 de octubre de 2019

Ponente: Ana María Ferrer García.

Agravación en el delito de estafa sobre una vivienda sin cédula de habitabilidad. Segregación de la finca y escritura de propiedad Horizontal sin licencia de obras y sin licencia de primera ocupación.

Accede a la Sentencia

lunes, 16 de septiembre de 2019

STC. 85/2019, de 19 de junio de 2019. Declaración de inconstitucionalidad art. 294 LOPJ


Sentencia del Tribunal por la que se declara inconstitucional el artículo 294 de la LOPJ, con la importante modificación en el mismo, dado que, según establece la Sentencia "La redacción resultante del art. 294.1 de la Ley Orgánica 6/1985, una vez excluidos los incisos declarados inconstitucionales y nulos, es la siguiente: «Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos o haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios»". Sin embargo, no afecta a aquellos procesos respecto de los cuales, hubiera recaído Sentencia Firme.



lunes, 16 de octubre de 2017

Acuerdo Tribunal Supremo de 23/5/2017

Relativo a considerar como posible estafa el no destino de las cantidades entregadas a cuenta para la promoción de viviendas por los promotores a la construcción de dichas viviendas.

ACTA DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA SEGUNDA DEL TRIBUNAL SUPREMO

En Madrid, a 23 de mayo de 2017.

Siendo las 10.45 horas se inicia el Pleno al que habían sido convocados la totalidad de los magistrados que integran la Sala.

Concurren los Excmos. Sres. Magistrados y la Excma. Sra. Magistrada:

MARCHENA GÓMEZ, Manuel, en su calidad de Presidente de la Sala, quien preside la reunión.
MARTÍNEZ ARRIETA, Andrés
SÁNCHEZ MELGAR, Julián
SURIANO SORIANO, José Ramón
COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA, Miguel
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Juan Ramón
VARELA CASTRO, Luciano
JORGE BARREIRO, Alberto
DEL MORAL GARCÍA, Antonio
PALOMO DEL ARCO, Andrés
FERRER GARCÍA, Ana María
LLARENA CONDE, Pablo, quien actúa en calidad de Secretario
GRANADOS PÉREZ, Carlos
SAAVEDRA RUIZ, Juan

Se da comienzo la Junta que abre el Excmo. Sr. Presidente exponiendo las razones que han determinado la convocatoria para analizar el alcance que, respecto de la comisión del delito de apropiación indebida, tiene el anticipo de cantidades dinerarias para la construcción a los promotores de viviendas.

Respecto de la cuestión objeto del Pleno, el Excmo. Sr. Presidente concedió la palabra al Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, en su condición de ponente. Tras varias intervenciones de los magistrados ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA asistentes y en consideración de las mismas, el Excmo. Sr. Presidente sometió a votación una propuesta de acuerdo con la siguiente formulación:

1.En caso de cantidades anticipadas a los promotores para la construcción de viviendas, el mero incumplimiento, por sí solo, de las obligaciones previstas en la Disposición Adicional Primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en la redacción dada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, consistentes en garantizar mediante un seguro la devolución de dichas cantidades para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin, y de percibir esas cantidades a través de cuenta especial en entidades de crédito, no constituye delito de apropiación indebida. 

2.Cuando las cantidades entregadas no se hayan destinado a la construcción de las viviendas comprometidas con los adquirentes, podrá apreciarse un delito de estafa si concurren los elementos del tipo, entre ellos un engaño determinante del acto de disposición, o bien un delito previsto en los artículos 252 o 253 CP si concurren los elementos de cada tipo. La propuesta fue aprobada por la unanimidad de los magistrados.

Siendo las 13.00 horas, el Excmo. Sr. Presidente dio por concluido el Pleno.

jueves, 16 de enero de 2014

STS 547/2013 de 18 de junio

Elementos: Doble venta Art. 251.1 CP. Primera venta no consumada, No es necesaria la traditio para que la venta doble se considere estafa. 

Se confirma la condena por un delito de estafa del art. 251 .1 del CP (doble venta). Se rechazan las alegaciones de que el primer contrato no era propiamente un contrato de compraventa, sino un "precontrato", y que, en todo caso, se trataba de una venta no consumada por cuanto no se había llevado a cabo aún ni la elevación a escritura pública ni la traditio. Respecto a la primera cuestión, el citado primer contrato era una auténtica compraventa pues se concretó la cosa, el precio y la forma de pago (parte incluso se abona en ese momento), perfeccionándose así la venta. No hubo un contrato que tuviera por objeto la celebración de otro posterior (contrato preliminar o preparatorio, precontrato o promesa de contrato) pues las partes no se obligaron a realizar después otro contrato con las bases antes fijadas. En cuanto a la segunda cuestión, el hecho de que la finca no hubiese sido entregada y por tanto no existiese una efectiva traslación de la propiedad, no excluye el tipo penal aplicado. Si eso pudo ser discutido en épocas pretéritas bajo una descripción típica que exigía "fingirse dueño", hoy no se duda, a la vista de la redacción del art. 251.2 CP, que no es necesaria la traditio para que la venta doble pueda ser considerada una estafa impropia en esos casos, siempre que concurra el resto de requisitos. 

jueves, 13 de junio de 2013

Estafa impropia por doble venta Art. 251 CP con acusación tipo básico Art. 248

¿ES POSIBLE CONDENAR UN SUPUESTO DE ESTAFA IMPROPIA POR DOBLE VENTA DEL ART. 251 CP CUANDO LOS HECHOS PROBADOS REÚNEN LOS ELEMENTOS DEL TIPO PERO LA ACUSACIÓN O ACUSACIONES CALIFICAN LOS HECHOS AL AMPARO DEL TIPO BÁSICO DE ESTAFA (ART. 248 CP)?

En el supuesto planteado, el  Juzgado de Penal absolvió por el delito de estafa del art. 248 del Código Penal y consideró que, en virtud del principio acusatorio, no podía condenar por un delito de estafa impropia, aunque la declaración de hechos probados de la sentencia podría subsumirse sin dificultad en dicho tipo penal. De hecho, el Juez de lo Penal llegaba a afirmar que los hechos serían constitutivos de un delito de estafa impropia, pero que no condenaba en virtud del principio acusatorio.

La Acusación Particular apeló la sentencia (y el MF se adhirió) pero siguieron solicitando que se dictara sentencia condenatoria por un delito de estafa del art. 248 del CP, sin hacer mención alguna al delito de estafa impropia del art. 251 del mismo cuerpo legal.

La cuestión suscitada fue si cabía considerar que se trataba de delitos homogéneos y que podría dictarse sentencia condenatoria por el delito de estafa impropia. 

Sólo hubo una respuesta a la cuestión, en los siguientes términos: habría que introducir la variable del derecho de defensa, que junto al derecho al juez imparcial, fundamentan el principio acusatorio. ¿Tuvo oportunidad de defenderse el acusado, y lo hizo, frente a los hechos que integraban la calificación de estafa impropia? Si hubiera condena por este tipo penal ¿se sorprendería a la defensa del acusado con una condena frente a la que no ha podido defenderse?. De no ser así, según esta opinión, preservando las garatas de la apelación frente a una sentencia absolutoria, no habría inconvenientes insuperables para condenar, en segunda instancia, por el delito efectivamente cometido.

Boletín Nº 4. Temas tratados

martes, 19 de febrero de 2013

STS 162/2012 de 15 de marzo

Estafa. Engaño bastante. Principio de autoprotección: crítica de los postulados victimodogmáticos. La ley no obliga al perjudicado a estar más precavido en el delito de estafa que en otros, de forma que la tutela de la víctima tenga diversos niveles de protección."

"DÉCIMO SEGUNDO.- El tránsito de un derecho penal privado a un derecho penal público constituye el fundamento del Estado de Derecho, que sustituye como instrumento de resolución de los conflictos la violencia y la venganza privada por la norma legal y la resolución imparcial del Juez, determinando un avance trascendental de la civilización, tanto en términos de pacificación social como en objetivación, imparcialidad y proporcionalidad.

La denominada victimodogmática subvierte el principio de subsidiariedad, al propugnar la renuncia a la intervención penal en favor de la autotutela, desconociendo que constituye un principio básico de la civilización que los ciudadanos han hecho dejación de la violencia punitiva en manos del Poder Judicial precisamente para descargarse de sus necesidades defensivas frente a las agresiones tipificadas como delictivas.

Por otra parte la teoría victimodogmática no es más que una forma de rebautizar soluciones ya existentes para problemas reales, extendiéndolas desmesuradamente a supuestos injustificados. La imputación objetiva permite resolver en el delito de estafa los supuestos problemáticos de inadecuación del engaño sin necesidad de recurrir a los postulados victimodogmáticos, que desplazan la responsabilidad del delito sobre la conducta de la víctima, culpabilizándola injustamente por respetar el principio de confianza y contribuyendo a su victimización secundaria.

En ese sentido, como ha señalado un autor destacado, “un robo sigue siendo un robo aunque la víctima se haya comportado despreocupadamente con sus cosas“ y en relación a la estafa no hay elemento alguno del tipo, tal y como ha sido definido en nuestro ordenamiento, que obligue a entender que el Legislador ha decidido que este delito solamente tutele a las personas especialmente perspicaces o desconfiadas y que resulte impune con carácter general el aprovechamiento malicioso de la credulidad, la confianza o la buena fe de ciudadanos desprevenidos.

Por ello, dejando al margen supuestos de insuficiencia o inidoneidad del engaño, en términos objetivos y subjetivos, o de adecuación social de la conducta imputada, la aplicación del delito de estafa no puede quedar excluida mediante la culpabilización de la víctima con específicas exigencias de autoprotección, cuando la intencionalidad del autor para aprovecharse patrimonialmente de un error deliberadamente inducido mediante engaño pueda estimarse suficientemente acreditada, y el acto de disposición se haya efectivamente producido, consumándose el perjuicio legalmente previsto.

Conviene, por todo ello, matizar una cita fragmentada que se realiza en la resolución recurrida de una sentencia de esta Sala, que lamentablemente es citada con cierta frecuencia de una forma incompleta que no respeta totalmente su sentido. La sentencia de esta Sala de 21 de septiembre de 1988 no afirma simplemente, como recoge literalmente la sentencia de instancia (fundamento jurídico primero), que "el derecho penal no debe convertirse en un instrumento de protección penal de aquellos que no se protegen a sí mismos", sino que se expresa de forma más matizada, al reconocer que el punto de vista de que el derecho penal no debería convertirse en un instrumento de protección penal de aquellos que no se protegen a sí mismos, es hoy una cuestión debatida.

En concreto, lo que literalmente se señala en esta sentencia de 21 de noviembre de 1988, que expresa un punto de vista de innegable raíz académica al ser una de las primeras dictadas como ponente por un ilustre Catedrático y relevante Magistrado de esta Sala, es que "Indudablemente en la configuración de los elementos del delito de estafa se debe tener en cuenta el comportamiento de la víctima. El derecho penal, en este sentido, no debería constituirse en un instrumento de protección patrimonial de aquellos que no se protegen a sí mismos. La extensión de las consecuencias de este punto de vista, sin embargo, es hoy una cuestión debatida. En términos generales, de todos modos, se debe tener en cuenta que el grado de diligencia que se debe exigir a la víctima de la estafa se determinará mediante las pautas que socialmente se consideran adecuadas en una situación concreta"...añadiendo más adelante que "De cualquier manera, el comportamiento descuidado de la víctima no afecta en sí mismo al engaño, sino, en todo caso, a la relación de casualidad entre el engaño y el error del sujeto pasivo.

En definitiva, y haciendo nuestro lo expresado en la STS de 28 de junio de 2.008, el principio de confianza que rige como armazón en nuestro ordenamiento jurídico, o de la buena fe negocial, no se encuentra ausente cuando se enjuicia un delito de estafa. La ley no hace excepciones a este respecto, obligando al perjudicado a estar más precavido en este delito que en otros, de forma que la tutela de la víctima tenga diversos niveles de protección.

Y, en el caso actual, es indudable que el perjudicado fue inducido deliberadamente a error por un procedimiento sofisticado, en absoluto burdo, con intervención de varias personas que se repartieron los papeles, ganándose su confianza y simulando solvencia así como un negocio inexistente. Procede, en consecuencia, desestimar este motivo de recuso.