La sentencia declara contrario al principio de legalidad penal la interpretación que había venido haciendo el Tribunal Supremo de que la nueva regulación del abono de la prisión preventiva del art.58.1 CP introducida por la reforma del CP vía LO 5/2010, era de aplicación a todos aquéllos casos en los que el abono se efectuaba una vez entrada en vigor la reforma -independientemente de la fecha de los hechos y de la fecha en la que el condenado había sufrido prisión provisional concurrente con el cumplimiento de condena-. E interesa también en tanto que cuestiona ese "mantra" que la jurisprudencia del TS había incorporado sobre lo que considera que son normas procesales del Código Penal a las que aplicaba el principio recogido en el aforismo "tempus regit actum", sin valorar su trascendencia sobre el derecho a la libertad cuando con dicho principio se aplicaba una norma posterior desfavorable. También interesa la sentencia por cuanto analiza qué situaciones pueden considerarse aptas para provocar un "derecho adquirido" a la aplicación de una norma penal concreta....
