Artículo de NEKANE SAN MIGUEL BERGARETXE. Magistrada.
Hace unos años y con ocasión de una de las múltiples reformas de
las que viene siendo objeto el Código Penal español , miembros de
esta Asociación JpD y divers@s juristas, firmamos un Manifiesto
titulado “por un debate político-criminal racional”, entre cuyos
contenidos me permito subrayar aquí, el énfasis que dábamos a la
necesidad de que, para afrontar los problemas de la delincuencia,
resultaba imprescindible evaluar, en primer término, el campo y el
alcance de las desviaciones en las relaciones de la convivencia social.
Para ello, sugeríamos la necesidad del análisis y los estudios
estadísticos serios y objetivos, a cargo de equipos multidisciplinares,
con el fin de trasladar a la opinión pública los datos resultantes ya
que, en democracia, la voluntad popular sólo puede conformarse
adecuadamente a partir del conocimiento que hace posible una
información rigurosa (artículo 6 CE). Y seguíamos explicando que, una
vez identificado el fenómeno desviado al que habría que hacer frente,
deberá seleccionarse el instrumento idóneo, porque la política
criminal ofrece un amplio abanico de opciones de muy diversa índole:
social, educativa, económica y, también, jurídica. En este contexto, el
recurso al derecho penal es sólo una de las técnicas disponibles, pero
no la única.
Esos datos, imprescindibles para una reflexión sosegada y para
obtener resultados eficientes y eficaces, siguen sin ser recabados, y
más bien parece que no interesen a los partidos mayoritarios, que, a la postre, son quienes legislan a través de sus “expertos” que
redactan las propuestas legislativas “utilizando en la materia
procedimientos sesgados, de técnicas propagandísticas dirigidas a
deformar la percepción social del riesgo generado por alguna clase de
delincuencia y a crear un injustificado clima de alarma, buscando
rentabilizarlo en las urnas” (aludido manifiesto).
